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| Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Islandia para la Promoción y Protección Reciproca de las Inversiones | ||||||||||
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El Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Islandia, en lo sucesivo denominados “las Partes Contratantes”, DESEANDO intensificar la cooperación económica para el beneficio mutuo de ambos países; PROPONIÉNDOSE crear y mantener condiciones favorables para las inversiones realizadas por los inversionistas de una Parte Contratante en el territorio de la otra Parte Contratante; RECONOCIENDO la necesidad de promover y proteger las inversiones extranjeras con el objetivo de fomentar su prosperidad económica; Han acordado lo siguiente: Para los efectos de este Acuerdo:
(a) una persona física que tenga la nacionalidad de una Parte Contratante de conformidad con su legislación aplicable; o (b) una persona jurídica, incluidas corporaciones, compañías comerciales u otras compañías o asociaciones, que tenga el asiento principal de negocios en el territorio de una Parte Contratante, y se encuentre constituida u organizada y operando de conformidad con las leyes y reglamentos de esa Parte Contratante; (2) El término “Inversión” significa: toda clase de activo establecido, adquirido o utilizado por un inversionista de una Parte Contratante, con el fin de alcanzar un objetivo económico en el territorio de la otra Parte Contratante, de conformidad con las leyes y reglamentos de esta última Parte Contratante, tales como: (a) bienes muebles e inmuebles, adquiridos o utilizados con fines económicos, así como cualesquier otros derechos reales tales como hipotecas, gravámenes, derechos de prenda, usufructo y derechos similares; (b) una empresa constituida u organizada de conformidad con la legislación aplicable de una Parte Contratante; (c) acciones, partes sociales y otras formas de participación en el capital de una empresa y los derechos derivados de las mismas; (d) instrumentos de deuda de una empresa
(ii)cuando la fecha de vencimiento original del instrumento de deuda sea por lo menos de tres años, (e) un préstamo a una empresa
(ii)cuando la fecha de vencimiento original del préstamo sea por lo menos de tres años, (f) derechos conferidos bajo contratos, incluyendo los de llave en mano, construcción, administración, producción o de riesgo compartido; (g) derechos de autor, derechos de propiedad industrial, procedimientos técnicos y nombres comerciales; (h) derechos conferidos por ley o contrato tales como concesiones, licencias, autorizaciones o permisos para emprender una actividad económica; pero inversión no significa, (i) reclamaciones pecuniarias derivadas exclusivamente de
(ii)el otorgamiento de crédito en relación con una transacción comercial, como el financiamiento al comercio, salvo un préstamo cubierto por las disposiciones del inciso (e); o La obligación de pago de, o el otorgamiento de un crédito a un Estado Contratante o a una empresa del Estado, no se considera una inversión. Cualquier modificación sobre la forma en la que los activos son invertidos no afecta su carácter de inversión, siempre que dicha modificación esté comprendida en la definición anterior y no sea contraria a las leyes y reglamentos de la Parte Contratante en cuyo territorio fue realizada la inversión. (3) El término “rentas” significa las cantidades generadas por una inversión y, en particular, incluye ganancias, intereses, ganancias de capital, dividendos, regalías, pagos por licencias y otras remuneraciones. (4) El término “territorio” significa el territorio de cada Parte Contratante e incluye las áreas marítimas adyacentes a la costa del Estado respectivo, i.e. el mar territorial, la zona económica exclusiva y la plataforma continental, en la medida en que esa Parte Contratante pueda ejercer derechos de soberanía o jurisdicción en esas áreas, de conformidad con el derecho internacional.
(2) Dentro del marco de su legislación, cada Parte Contratante considerará las solicitudes para el otorgamiento de los permisos necesarios en relación con las inversiones en su territorio, incluyendo autorizaciones para emplear personal gerencial y técnico de su elección proveniente del exterior.
(2) Cada Parte Contratante otorgará en su territorio a las inversiones de inversionistas de la otra Parte Contratante, un trato no menos favorable que el que otorgue, en circunstancias similares, a las inversiones de sus propios inversionistas o a las inversiones de inversionistas de cualquier tercer Estado, cualquiera que sea más favorable para el inversionista respectivo. (3) Cada Parte Contratante otorgará en su territorio a los inversionistas de la otra Parte Contratante, respecto de la administración, mantenimiento, uso, goce o disposición de sus inversiones, un trato no menos favorable que el que otorgue, en circunstancias similares, a sus propios inversionistas o a inversionistas de cualquier tercer Estado, cualquiera que sea más favorable para el inversionista respectivo. (4) Si una Parte Contratante otorga ventajas especiales a los inversionistas de cualquier tercer Estado en virtud de un acuerdo que establezca un área de libre comercio, una unión aduanera, un mercado común o una organización regional similar, esa Parte Contratante no estará obligada a otorgar dichas ventajas a los inversionistas o inversiones de los inversionistas de la otra Parte Contratante. (5) Las disposiciones de los párrafos (2) y (3) de este Artículo no serán aplicables a medidas fiscales. Nada de lo dispuesto en este Acuerdo afectará los derechos y obligaciones de las Partes Contratantes derivados de cualquier convenio en materia fiscal. En caso de incompatibilidad entre las disposiciones de este Acuerdo y cualquier convenio en materia fiscal, prevalecerán las disposiciones de este último.
(a) por causa de utilidad pública; (b) sobre bases no discriminatorias; (c) con apego al principio de legalidad; y (d) mediante el pago de una indemnización conforme al párrafo (2) siguiente. (a) será pagada sin demora; (b) será equivalente al valor justo de mercado que tenga la inversión expropiada inmediatamente antes de que la expropiación haya sido llevada a cabo; (c) incluirá intereses a partir de la fecha de expropiación hasta la fecha de pago; y (d) será completamente liquidable y libremente transferible. En lo que se refiere a cualquier consideración económica, cada Parte Contratante otorgará a los inversionistas de la otra Parte Contratante, respecto de las inversiones que sufran pérdidas en su territorio debido a conflictos armados o disturbios civiles, trato no menos favorable que el que otorgue a sus propios inversionistas o a los inversionistas de cualquier tercer Estado.
(a) ganancias, dividendos, intereses, ganancias de capital, pagos de regalías, pagos por administración, pagos por asistencia técnica y otros pagos, así como otras sumas derivadas de la inversión; (b) productos derivados de la venta total o parcial de la inversión, o de la liquidación total o parcial de la inversión; (c) pagos realizados conforme a un contrato del que sea parte un inversionista o su inversión, incluidos pagos efectuados conforme a un convenio de préstamo; (d) pagos derivados de una indemnización por expropiación; y (e) pagos derivados de la aplicación de las disposiciones relativas a la solución de controversias. (3) No obstante lo dispuesto en los párrafos (1) y (2) anteriores, una Parte Contratante podrá impedir la realización de una transferencia por medio de la aplicación equitativa, no discriminatoria y de buena fe de sus leyes en los siguientes casos: (a) quiebra, insolvencia o protección de los derechos de acreedores; (b) emisión, comercio u operaciones de valores; (c) infracciones penales o administrativas; o (d) garantía del cumplimiento de fallos en procedimientos contenciosos. Si una Parte Contratante o la entidad por ella designada ha otorgado una garantía financiera contra riesgos no comerciales en relación con una inversión efectuada por uno de sus inversionistas en el territorio de la otra Parte Contratante, la Parte Contratante o la entidad por ella designada serán las beneficiarias directas de cualquier tipo de pago al que pudiese ser acreedor el inversionista, desde el momento en que haya cubierto la presunta pérdida del inversionista. En caso de una controversia, únicamente el inversionista podrá iniciar, o participar en, procedimientos ante un tribunal nacional o someter el caso a arbitraje internacional de conformidad con las disposiciones del Capítulo Dos de este Acuerdo. Cada Parte Contratante observará cualquier otra obligación que haya asumido por escrito con relación a las inversiones en su territorio por inversionistas de la otra Parte Contratante. Sin embargo, las controversias que se deriven de dichas obligaciones serán dirimidas únicamente conforme a los términos establecidos en los contratos respectivos. Esta Parte aplica a las controversias entre una Parte Contratante y un inversionista de la otra Parte Contratante derivadas de un presunto incumplimiento de una obligación conforme a este Acuerdo. Las controversias tendrían que, en la medida de lo posible, ser dirimidas mediante negociación o consulta. Si la controversia no es resuelta en un término de seis meses, el inversionista podrá elegir someter la controversia a resolución de:
(b) conforme a cualquier procedimiento aplicable de solución de controversias previamente acordado; o (c) arbitraje, de conformidad con el Artículo 10.
(2) Siempre que ni el inversionista respectivo ni la empresa de la otra Parte Contratante que sea una persona jurídica propiedad del inversionista o que esté bajo su control, haya sometido la controversia conforme a lo dispuesto por el Articulo 9 (a) o (b), el inversionista podrá someter la controversia a arbitraje una vez que hayan transcurrido seis meses desde que tuvieron lugar los hechos que motivaron la reclamación. (3) Un inversionista contendiente podrá someter la reclamación a arbitraje conforme a: (a) el Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados (Convenio del CIADI), siempre que tanto la Parte Contratante contendiente como la Parte Contratante del inversionista sean parte del Convenio; (b) las Reglas del Mecanismo Complementario del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), siempre que la Parte Contratante contendiente o la Parte Contratante del inversionista, pero no ambas, sea Parte del Convenio del CIADI; o (c) las Reglas de Arbitraje de la Comisión de Naciones Unidas sobre Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI). (a) el inversionista manifiesta su consentimiento al arbitraje conforme a los procedimientos establecidos en este Acuerdo; y (b) el inversionista y, cuando la reclamación se refiera a pérdida o daño de una participación en una empresa de la otra Parte Contratante que sea una persona jurídica propiedad del inversionista o que esté controlada por éste, la empresa, renuncian a su derecho de iniciar o continuar cualquier procedimiento ante un tribunal administrativo o judicial de conformidad con la legislación de una Parte Contratante u otros procedimientos de solución de controversias con respecto a la medida de la Parte Contratante contendiente que constituya un supuesto incumplimiento de este Acuerdo, salvo los procedimientos en los que se solicite la aplicación de medidas precautorias de carácter suspensivo, declarativo o extraordinario, que no impliquen el pago de daños, ante un tribunal administrativo o judicial, de conformidad con la legislación de la Parte Contratante contendiente. (a) manifiestan su consentimiento al arbitraje conforme a los procedimientos establecidos en este Acuerdo; y (b) renuncian a su derecho de iniciar o continuar, cualquier procedimiento ante un tribunal administrativo o judicial de conformidad con la legislación de una Parte Contratante u otros procedimientos de solución de controversias con respecto a la medida de la Parte Contratante contendiente que constituya un supuesto incumplimiento de este Acuerdo, salvo los procedimientos en los que se solicite la aplicación de medidas precautorias de carácter suspensivo, declarativo o extraordinario, que no impliquen el pago de daños ante el tribunal administrativo o judicial, de conformidad con la legislación de la Parte Contratante contendiente. (7) Las reglas de arbitraje aplicables regirán el arbitraje, salvo en la medida de lo modificado por esta Parte. (8) Una controversia podrá ser sometida a arbitraje siempre que el inversionista haya entregado a la Parte Contratante que es parte en la controversia, notificación por escrito de su intención de someter la reclamación a arbitraje por lo menos con 90 días de anticipación, y siempre y cuando no haya transcurrido un plazo mayor a 3 años contados a partir de la fecha en que el inversionista o la empresa de la otra Parte Contratante que sea una persona jurídica propiedad del inversionista o que esté bajo su control, tuvo por primera vez o debió haber tenido conocimiento de los actos que dieron lugar a la controversia. (9) La notificación a que se refiere el párrafo (8) especificará: (a) el nombre y domicilio del inversionista contendiente y, en caso de que la reclamación sea realizada por un inversionista de una Parte Contratante en representación de una empresa, el nombre y domicilio de la empresa; (b) las disposiciones de este Acuerdo presuntamente incumplidas y cualesquier otras disposiciones aplicables; (c) las cuestiones de hecho y de derecho en que se basa la reclamación; y (d) la reparación que se solicita y el monto aproximado de los daños reclamados. Cada Parte Contratante otorga su consentimiento incondicional para someter una controversia a arbitraje internacional de conformidad con esta Parte.
(2) Los miembros de los tribunales arbitrales serán independientes e imparciales en su trabajo y tendrán experiencia en derecho internacional y en asuntos de inversión. (3) Si un tribunal arbitral no ha sido constituido dentro de un término de noventa días, contados a partir de la fecha en que la reclamación fue sometida a arbitraje, ya sea porque alguna de las partes contendientes no hubiere nombrado a alguno de los miembros o no hubiere acuerdo en el nombramiento del presidente del tribunal, el Secretario General del CIADI, a petición de cualquiera de las partes contendientes, será invitado a designar, a su discreción, al miembro o miembros aún no designados. No obstante, el Secretario General del CIADI, al momento de designar al presidente, se asegurará de que el mismo no sea nacional de alguna de las Partes Contratantes.
(2) Los procedimientos serán acumulados: (a) cuando dos o más inversionistas relacionados con la misma inversión sometan una reclamación a arbitraje de conformidad con este Acuerdo; o (b) cuando dos o más reclamaciones derivadas de consideraciones comunes de hecho y de derecho sean sometidas a arbitraje. Cualquier arbitraje conforme a esta Parte será, a petición de cualquiera de las partes en la disputa, llevado a cabo en un Estado que sea parte de la Convención de Naciones Unidas sobre el Reconocimiento y Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras (la Convención de Nueva York). Las reclamaciones sometidas a arbitraje conforme a esta Parte serán consideradas como derivadas de una relación u operación comercial para los efectos del Artículo 1 de la Convención de Nueva York. Una Parte Contratante no aducirá como defensa, reconvención, derecho de compensación o por cualquier otra razón, que la indemnización u otra compensación, respecto de la totalidad o parte de las presuntas pérdidas o daños, ha sido recibida o habrá de recibirse por el inversionista, conforme a una indemnización, garantía o contrato de seguro.
(2) Una interpretación formulada y acordada conjuntamente por las Partes Contratantes sobre una disposición de este Acuerdo será obligatoria para cualquier tribunal establecido de conformidad con esta Parte.
(a) una declaración de que la Parte Contratante ha incumplido con sus obligaciones de conformidad con este Acuerdo; (b) indemnización pecuniaria; (c) restitución en especie en casos apropiados, en el entendido que la Parte Contratante podrá pagar en su lugar indemnización pecuniaria, c uando la restitución no resulte factible; y (d) de común acuerdo entre las partes contendientes, cualquier otra forma de reparación. (a) un laudo que otorgue restitución en especie dispondrá que la restitución sea hecha a la empresa; (b) un laudo que otorgue indemnización pecuniaria dispondrá que la suma sea pagada a la empresa; (c) un laudo que conceda cualquier otra forma de reparación dispondrá que ésta sea otorgada a la empresa; y (d) el laudo dispondrá que el mismo se dicte sin perjuicio de cualquier derecho que cualquier persona pueda tener sobre la reparación conforme al derecho interno aplicable. (4) El laudo arbitral será publicado únicamente con el consentimiento por escrito de ambas partes contendientes. (5) Un tribunal arbitral no ordenará que una Parte Contratante pague daños que tengan carácter punitivo. (6) Cada Parte Contratante adoptará en su territorio las medidas necesarias para la efectiva ejecución de los laudos de acuerdo con lo establecido por este Artículo, y acatará sin demora cualquier laudo emitido en un procedimiento del cual sea parte. (7) Un inversionista podrá recurrir a la ejecución de un laudo arbitral conforme al Convenio del CIADI o a la Convención de Nueva York, si ambas Partes Contratantes son parte de dichos instrumentos. (8) Una parte contendiente no podrá exigir el cumplimiento de un laudo definitivo hasta que: (a) en el caso de un laudo definitivo dictado conforme al Convenio del CIADI:
(ii)los procedimientos de revisión o anulación hayan sido concluidos; y
(ii)un tribunal haya desestimado una solicitud para revisar, desechar o anular el laudo y no exista ulterior recurso, o (iii) un tribunal haya autorizado una solicitud para revisar, desechar o anular el laudo y el procedimiento haya sido concluido sin que exista ulterior recurso. (a) una determinación en el sentido de que el incumplimiento o desacato del laudo definitivo es inconsistente con las obligaciones de este Acuerdo; y (b) una recomendación en el sentido de que la Parte se ajuste u observe el laudo definitivo. Las controversias entre las Partes Contratantes respecto de la interpretación o aplicación de este Acuerdo serán, en la medida de lo posible, dirimidas amigablemente o a través de consultas, mediación o conciliación.
(2) Una Parte Contratante no iniciará procedimientos conforme a esta Parte por una controversia relativa a la violación de los derechos de un inversionista, a menos que la otra Parte Contratante haya incumplido o no haya acatado el laudo dictado en una controversia que un inversionista haya sometido conforme a la Parte Uno de este Capítulo. En ese caso, el tribunal arbitral establecido de conformidad con esta Parte, previa solicitud de la Parte Contratante cuyo inversionista fue parte en la controversia, podrá emitir: (a) una declaración en el sentido de que el incumplimiento o desacato de los términos del laudo definitivo está en contravención de las obligaciones de este Acuerdo contraídas por la otra Parte Contratante; y (b) una recomendación en el sentido de que la Parte se ajuste u observe el laudo definitivo.
(2) Si los períodos establecidos en el párrafo (1) no llegasen a cumplirse, cualquiera de las Partes Contratantes podrá, en ausencia de cualquier otra forma de arreglo, invitar al Presidente de la Corte Internacional de Justicia a realizar las designaciones necesarias. Si el Presidente de la Corte Internacional de Justicia es un nacional de cualquiera de las Partes Contratantes o si se encuentra impedido para desempeñar dicha función, el Vice-Presidente o, en caso de que se encuentre impedido, el miembro de la Corte Internacional de Justicia siguiente en orden jerárquico, será invitado bajo las mismas condiciones a realizar las designaciones necesarias. (3) Los miembros de un tribunal arbitral serán independientes e imparciales en su trabajo y contarán con experiencia en derecho internacional y en asuntos de inversión. (4) La sede del tribunal arbitral será el país de residencia del presidente del tribunal arbitral. El tribunal arbitral decidirá las controversias que sean sometidas a su consideración de conformidad con este Acuerdo y con las reglas y principios aplicables del derecho internacional. Cada Parte Contratante pagará el costo de su representación en los procedimientos. El costo del tribunal arbitral será pagado en partes iguales por las Partes Contratantes, a menos que el tribunal disponga que sea compartido de manera diferente. Las disposiciones relativas a la solución de controversias previstas en el Capítulo Dos no aplicarán a las resoluciones adoptadas por una Parte Contratante que, por razones de seguridad nacional, prohíban o restrinjan la adquisición de una inversión en su territorio que sea propiedad de sus nacionales o que esté controlada por éstos, por inversionistas de la otra Parte Contratante, de conformidad con la legislación de cada Parte Contratante. Este Acuerdo aplicará a las inversiones de los inversionistas de una Parte Contratante efectuadas, antes de su entrada en vigor, en el territorio de la otra Parte Contratante de acuerdo con sus leyes y reglamentos. Sin embargo, no aplicará a las controversias derivadas antes de la entrada en vigor de este Acuerdo. Cada Parte Contratante podrá proponer a la otra Parte Contratante celebrar consultas sobre cualquier asunto relacionado con este Acuerdo. Dichas consultas serán celebradas en el momento y lugar acordado por las Partes Contratantes.
(2) Este Acuerdo entrará en vigor treinta (30) días después de la fecha de la última notificación, a través de los canales diplomáticos utilizados por ambas Partes Contratantes para notificar el cumplimiento de los requisitos a que hace referencia el párrafo (1). (3) Este Acuerdo permanecerá en vigor por un período de diez (10) años, mismo que podrá ser extendido por períodos iguales de tiempo, salvo que alguna de las Partes Contratantes notifique por escrito a la otra Parte Contratante su intención de dar por terminado el Acuerdo, mediante los canales diplomáticos y con doce (12) meses de anticipación, después de que el período inicial de diez (10) años haya transcurrido o después de este período, en cualquier momento. (4) La terminación de este Acuerdo no afectará las inversiones realizadas durante su vigencia, y sus disposiciones continuarán teniendo efecto respecto a dichas inversiones por un período de diez (10) años después de la fecha de terminación. (5) Este Acuerdo podrá ser modificado por consentimiento mutuo de las Partes Contratantes, y las modificaciones acordadas entrarán en vigor de conformidad con los procedimientos establecidos en el párrafo (2). En el acto de la firma del Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Islandia para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones, los plenipotenciarios designados han acordado, adicionalmente, las siguientes disposiciones que serán consideradas parte integral de dicho Acuerdo. Artículo 1, inciso 1 (a). Cuando el término “inversionista de una Parte Contratante” signifique una persona física, dicho término incluirá a un residente permanente si es tratado como un nacional de conformidad con la legislación de la Parte Contratante respecto de la cual mantiene ese estatus. Artículo 3, Párrafo (1).
(2) Los conceptos de “trato justo y equitativo” y “protección y seguridad plenas” no requieren un trato adicional al requerido por el nivel mínimo de trato a los extranjeros propio del derecho internacional consuetudinario, o que vaya más allá de éste. (3) Una resolución en el sentido de que se ha violado otra disposición de este Acuerdo o de un acuerdo internacional distinto, no establece que se han violado las disposiciones establecidas en el párrafo (1) del Artículo 3 de este Acuerdo. |
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