Art. 1 - La certificación prevista en el parágrafo 1º do Artículo 12 del Anexo II del Tratado de Asunción estará a cargo de la repartición oficial designada para tal efecto por el Poder Ejecutivo de cada Estado Parte, el cual podrá a su vez habilitar a otros organismos públicos o entidades representativas privadas con personería jurídica.

Art. 2 - En caso de entidades privadas vinculadas a la producción o al comercio, las mismas serán seleccionadas, para los fines de su habilitación en función de su capacidad técnica o idoneidad para la prestación de dicho servicio, y teniendo en cuenta la más amplia cobertura de sectores privados por ellas representados. 

Art. 3 - Las entidades seleccionadas deberán tener prioritariamente jurisdicción nacional en lo que respecta a su representatividad. No obstante, por razones de ubicación geográfica y otras de naturaleza técnica, la habilitación podrá recaer sobre entidades de carácter regional u otras.

Art. 4 - Los Estados Partes comunicarán al Comité de Representantes de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), la lista de las reparticiones oficiales y entidades privadas habilitadas para emitir certificados de origen en el marco del Acuerdo de Complementación Económica Nº.18, así como el registro vía facsímil de las firmas de los funcionarios acreditados. En caso que dicha lista no fuera comunicada, se considerarán válidos los certificados de origen expedidos por las reparticiones oficiales o entidades habilitadas en el marco de la ALADI a la fecha de suscripción del presente Régimen. La referida lista deberá ser comunicada a lo sumo hasta treinta (30) días después de la entrada en vigor del certificado previsto en el artículo 8º.

Art. 5 - Los pedidos de certificación de origen deberán estar precedidos por una declaración jurada u otro instrumento jurídico de efecto equivalente en la legislación nacional respectiva, suscrita por el productor final o exportador, de acuerdo con las exigencias que establece el organismo emisor habilitado, el cual deberá indicar las características y componentes del producto y los procesos de su elaboración, conteniendo como mínimo los requisitos básicos siguientes:

a. Empresa o razón social.

b. Domicilio legal.

c. Denominación del material a exportar.

d. Valor FOB.

e. Elementos demostrativos de los componentes del producto, indicando:

i. Materiales, componentes y/o partes y piezas nacionales.

ii. Materiales, componentes y/o partes y piezas originales de otros Estados Partes, indicando procedencia.

- Códigos NALADI/SH.
- Valor CIF en dólares americanos.
- Porcentaje de participación en el producto final.

iii. Materiales, componentes y/o partes y piezas originales de terceros países.

- Códigos NALADI/SH.
- Valor CIF en dólares americanos.
- Porcentaje de participación en el producto final.

Art. 6 - Las declaraciones mencionadas en el artículo precedente deberán ser presentadas con suficiente antelación para cada pedido de certificación. En el caso de productos o bienes que fueran exportados en forma regular, y siempre que el proceso y los materiales componentes no fueran alterados, la declaración podrá tener validez durante el año calendario en que hubiera sido presentada.
 

Art. 7 - Los certificados de origen expedidos por las entidades habilitadas deberán presentar un número de orden correlativo y permanecer archivados en la entidad durante un período de dos años contados a partir de la fecha de expedición. Dicho archivo deberá incluir también todos los antecedentes relativos al certificado expedido, así como aquellos relativos a la declaración exigida de conformidad con lo establecido en el Capítulo anterior.

Art. 8 - Las entidades habilitadas mantendrán un registro permanente de todos los certificados de origen expedidos, el que deberá contener como mínimo el número del certificado, el solicitante del mismo y la correspondiente fecha de expedición.

Art. 9 - A partir del 1º de abril de 1992, los certificados de origen deberán ser expedidos exclusivamente en el formulario cuyo modelo se adjunta, que carecerá de valor en caso de no haber completado todos sus ítems.
Art. 10 - En todos los casos, el certificado de origen habrá de ser expedido a más tardar a la fecha de embarque de la mercadería amparada por el mismo.
 

Art. 11 - El control de la autenticidad de los certificados de origen podrá iniciarse a partir de la declaración de parte, denuncia u oficio.

Art. 12 - En caso que la administración de un país importador tuviera dudas en cuanto a la autenticidad o veracidad de la certificación, o en cuanto al cumplimiento de los requisitos de origen, sin perjuicio de la adopción de las medidas que considere oportunas para proteger el interés fiscal, la misma podrá, a través de la repartición oficial responsable de la emisión de los certificados de origen, solicitar en el país exportador información adicional, con el fin de aclarar el caso.

Art. 13 - Tales informaciones podrán incluir todos los antecedentes registrados en la declaración referida en el artículo 5 precedente, que se encuentran archivados en la entidad que expidiera el certificado de origen en cuestión.

Art. 14 - La repartición oficial responsable de la expedición de certificados de origen deberá suministrar las informaciones solicitadas en un plazo no superior a los diez (10) días hábiles a partir de la fecha de recepción del respectivo pedido.

Art. 15 - Tales informaciones tendrán carácter confidencial y serán utilizadas exclusivamente para aclarar dichos casos.

Art. 16 - En caso que la información solicitada no fuera suministrada en el plazo establecido o no fuera satisfactoria, las autoridades del país importador podrán solicitar a la repartición oficial responsable de la expedición de los certificados de origen en el país exportador la apertura de una investigación para determinar la autenticidad y cumplimiento de los requisitos de origen del caso en cuestión. Para ello, el pedido de investigación deberá ser debidamente fundamentado.

Art. 17 - Los resultados de la investigación habrán de comunicarse a las autoridades del país importador en un plazo no superior a cuarenta y cinco (45) días corridos, contados a partir de la fecha de recepcionada la solicitud.

Art. 18 - Agotada la instancia de la investigación y si sus conclusiones no fueran satisfactorias para las autoridades del país importador, los Estados Partes involucrados podrán, de común acuerdo, dentro de los treinta (30) días de realizada la notificación de las conclusiones, mantener consultas bilaterales a nivel de las autoridades competentes.

Art. 19 - En caso que tales consultas no se realizaran, o no alcanzaran resultados satisfactorios para los Estados Partes, los mismos elevarán todas las informaciones sobre el caso al Grupo Mercado Común, el que decidirá al respecto en un plazo de treinta (30) días de recibida la causa.

Art. 20 - Transcurrido dicho plazo sin que hubiera decisión alguna del Grupo Mercado Común al respecto, las autoridades competentes del país importador podrán adoptar las medidas definitivas competentes en el plano fiscal.

Art. 21 - Una vez agotada la instancia de la investigación y siempre que se compruebe que los certificados expedidos por una repartición oficial o entidad privada no se ajustan a las disposiciones contenidas en el Régimen de Origen, o se verifique la falsificación o adulteración del certificado de origen, el país exportador adoptará las sanciones correspondientes, de acuerdo a lo establecido en el presente régimen, sin perjuicio de las sanciones aplicables en cada Estado Parte.

Art. 22 - Las entidades expedidoras de certificados de origen serán solidariamente responsables ante el solicitante por la autenticidad de los datos contenidos en el certificado de origen y en la declaración referida en el articulo anterior, en el marco de la competencia que les fuera delegada.

Art. 23 - Dicha responsabilidad no podrá ser imputada cuando la entidad emisora demuestre haber emitido el certificado en base a informaciones falsas suministradas por el solicitante, las que hubieran escapado a las prácticas habituales de control a su cargo.

Art. 24 - Los errores involuntarios que la autoridad competente del Estado Parte importador pudiera considerar como errores materiales no serán pasibles de sanciones, autorizándose la anulación y sustitución de los certificados obtenidos y examinándose en ese caso, el cumplimiento de lo previsto en el artículo10.

Art. 25 - Cuando el resultado de la investigación referida en el artículo 16 indique que hubo incumplimiento de las normas en función de suministro de informaciones falsas en la declaración prevista en el artículo 5, serán aplicadas las sanciones administrativas a continuación referidas, sin perjuicio de las sanciones penales correspondientes según la legislación del país exportador: