ANEXO 1C

ACUERDO SOBRE LOS ASPECTOS DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL RELACIONADOS CON EL COMERCIO

Los Miembros,

Deseosos de reducir las distorsiones del comercio internacional y los obst�culos al mismo, y teniendo en cuenta la necesidad de fomentar una protecci�n eficaz y adecuada de los derechos de propiedad intelectual y de asegurarse de que las medidas y procedimientos destinados a hacer respetar dichos derechos no se conviertan a su vez en obst�culos al comercio leg�timo;

Reconociendo, para este fin, la necesidad de nuevas normas y disciplinas relativas a:

1. la aplicabilidad de los principios b�sicos del GATT de 1994 y de los acuerdos o convenios internacionales pertinentes en materia de propiedad intelectual;
   
   
2. la provisi�n de normas y principios adecuados relativos a la existencia, alcance y ejercicio de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio;
   
   
3. la provisi�n de medios eficaces y apropiados para hacer respetar los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, tomando en consideraci�n las diferencias entre los sistemas jur�dicos nacionales;
   
   
4. la provisi�n de procedimientos eficaces y �giles para la prevenci�n y soluci�n multilaterales de las diferencias entre los gobiernos; y
   
   
5. disposiciones transitorias encaminadas a conseguir la m�s plena participaci�n en los resultados de las negociaciones;
   

1. Los Miembros aplicar�n las disposiciones del presente Acuerdo. Los Miembros podr�n prever en su legislaci�n, aunque no estar�n obligados a ello, una protecci�n m�s amplia que la exigida por el presente Acuerdo, a condici�n de que tal protecci�n no infrinja las disposiciones del mismo. Los Miembros podr�n establecer libremente el m�todo adecuado para aplicar las disposiciones del presente Acuerdo en el marco de su propio sistema y pr�ctica jur�dicos.
   
   
2. A los efectos del presente Acuerdo, la expresi�n "propiedad intelectual" abarca todas las categor�as de propiedad intelectual que son objeto de las secciones 1 a 7 de la Parte II.
   
   
3. Los Miembros conceder�n a los nacionales de los dem�s Miembros¹ el trato previsto en el presente Acuerdo. Respecto del derecho de propiedad intelectual pertinente, se entender� por nacionales de los dem�s Miembros las personas f�sicas o jur�dicas que cumplir�an los criterios establecidos para poder beneficiarse de la protecci�n en el Convenio de Par�s (1967), el Convenio de Berna (1971), la Convenci�n de Roma y el Tratado sobre la Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos Integrados, si todos los Miembros de la OMC fueran miembros de esos convenios.² Todo Miembro que se valga de las posibilidades estipuladas en el p�rrafo 3 del art�culo 5 o en el p�rrafo 2 del art�culo 6 de la Convenci�n de Roma lo notificar� seg�n lo previsto en esas disposiciones al Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (el "Consejo de los ADPIC").
   
   

1. En lo que respecta a las Partes II, III y IV del presente Acuerdo, los Miembros cumplir�n los art�culos 1 a 12 y el art�culo 19 del Convenio de Par�s (1967).
   
   
2. Ninguna disposici�n de las Partes I a IV del presente Acuerdo ir� en detrimento de las obligaciones que los Miembros puedan tener entre s� en virtud del Convenio de Par�s, el Convenio de Berna, la Convenci�n de Roma y el Tratado sobre la Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos Integrados.
   
   

1. Cada Miembro conceder� a los nacionales de los dem�s Miembros un trato no menos favorable que el que otorgue a sus propios nacionales con respecto a la protecci�n³ de la propiedad intelectual, a reserva de las excepciones ya previstas en, respectivamente, el Convenio de Par�s (1967), el Convenio de Berna (1971), la Convenci�n de Roma o el Tratado sobre la Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos Integrados. En lo que concierne a los artistas int�rpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusi�n, esta obligaci�n s�lo se aplica a los derechos previstos en el presente Acuerdo. Todo Miembro que se valga de las posibilidades estipuladas en el art�culo 6 del Convenio de Berna (1971) o en el p�rrafo 1 b) del art�culo 16 de la Convenci�n de Roma lo notificar� seg�n lo previsto en esas disposiciones al Consejo de los ADPIC.
   
   
2. Los Miembros podr�n recurrir a las excepciones permitidas en el p�rrafo 1 en relaci�n con los procedimientos judiciales y administrativos, incluida la designaci�n de un domicilio legal o el nombramiento de un agente dentro de la jurisdicci�n de un Miembro, solamente cuando tales excepciones sean necesarias para conseguir el cumplimiento de leyes y reglamentos que no sean incompatibles con las disposiciones del presente Acuerdo, y cuando tales pr�cticas no se apliquen de manera que constituya una restricci�n encubierta del comercio.
   
   

1. se deriven de acuerdos internacionales sobre asistencia judicial o sobre observancia de la ley de car�cter general y no limitados espec�ficamente a la protecci�n de la propiedad intelectual;
   
   
2. se hayan otorgado de conformidad con las disposiciones del Convenio de Berna (1971) o de la Convenci�n de Roma que autorizan que el trato concedido no est� en funci�n del trato nacional sino del trato dado en otro pa�s;
   
   
3. se refieran a los derechos de los artistas int�rpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusi�n, que no est�n previstos en el presente Acuerdo;
   
   
4. se deriven de acuerdos internacionales relativos a la protecci�n de la propiedad intelectual que hayan entrado en vigor antes de la entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC, a condici�n de que esos acuerdos se notifiquen al Consejo de los ADPIC y no constituyan una discriminaci�n arbitraria o injustificable contra los nacionales de otros Miembros.
   
   

1. Los Miembros, al formular o modificar sus leyes y reglamentos, podr�n adoptar las medidas necesarias para proteger la salud p�blica y la nutrici�n de la poblaci�n, o para promover el inter�s p�blico en sectores de importancia vital para su desarrollo socioecon�mico y tecnol�gico, siempre que esas medidas sean compatibles con lo dispuesto en el presente Acuerdo.
   
   
2. Podr� ser necesario aplicar medidas apropiadas, siempre que sean compatibles con lo dispuesto en el presente Acuerdo, para prevenir el abuso de los derechos de propiedad intelectual por sus titulares o el recurso a pr�cticas que limiten de manera injustificable el comercio o redunden en detrimento de la transferencia internacional de tecnolog�a.
   
   

1. Los Miembros observar�n los art�culos 1 a 21 del Convenio de Berna (1971) y el Ap�ndice del mismo. No obstante, en virtud del presente Acuerdo ning�n Miembro tendr� derechos ni obligaciones respecto de los derechos conferidos por el art�culo 6bis de dicho Convenio ni respecto de los derechos que se derivan del mismo.
   
   
2. La protecci�n del derecho de autor abarcar� las expresiones pero no las ideas, procedimientos, m�todos de operaci�n o conceptos matem�ticos en s�.
   

1. Los programas de ordenador, sean programas fuente o programas objeto, ser�n protegidos como obras literarias en virtud del Convenio de Berna (1971).
   
   
2. Las compilaciones de datos o de otros materiales, en forma legible por m�quina o en otra forma, que por razones de la selecci�n o disposici�n de sus contenidos constituyan creaciones de car�cter intelectual, ser�n protegidas como tales. Esa protecci�n, que no abarcar� los datos o materiales en s� mismos, se entender� sin perjuicio de cualquier derecho de autor que subsista respecto de los datos o materiales en s� mismos.
   
   

1. En lo que respecta a la fijaci�n de sus interpretaciones o ejecuciones en un fonograma, los artistas int�rpretes o ejecutantes tendr�n la facultad de impedir los actos siguientes cuando se emprendan sin su autorizaci�n: la fijaci�n de sus interpretaciones o ejecuciones no fijadas y la reproducci�n de tal fijaci�n. Los artistas int�rpretes o ejecutantes tendr�n asimismo la facultad de impedir los actos siguientes cuando se emprendan sin su autorizaci�n: la difusi�n por medios inal�mbricos y la comunicaci�n al p�blico de sus interpretaciones o ejecuciones en directo. 
   
   
2. Los productores de fonogramas tendr�n el derecho de autorizar o prohibir la reproducci�n directa o indirecta de sus fonogramas.
   
   
3. Los organismos de radiodifusi�n tendr�n el derecho de prohibir los actos siguientes cuando se emprendan sin su autorizaci�n: la fijaci�n, la reproducci�n de las fijaciones y la retransmisi�n por medios inal�mbricos de las emisiones, as� como la comunicaci�n al p�blico de sus emisiones de televisi�n. Cuando los Miembros no concedan tales derechos a los organismos de radiodifusi�n, dar�n a los titulares de los derechos de autor sobre la materia objeto de las emisiones la posibilidad de impedir los actos antes mencionados, a reserva de lo dispuesto en el Convenio de Berna (1971).
   
   
4. Las disposiciones del art�culo 11 relativas a los programas de ordenador se aplicar�n mutatis mutandis a los productores de fonogramas y a todos los dem�s titulares de los derechos sobre los fonogramas seg�n los determine la legislaci�n de cada Miembro. Si, en la fecha de 15 de abril de 1994, un Miembro aplica un sistema de remuneraci�n equitativa de los titulares de derechos en lo que se refiere al arrendamiento de fonogramas, podr� mantener ese sistema siempre que el arrendamiento comercial de los fonogramas no est� produciendo menoscabo importante de los derechos exclusivos de reproducci�n de los titulares de los derechos.
   
   
5. La duraci�n de la protecci�n concedida en virtud del presente Acuerdo a los artistas int�rpretes o ejecutantes y los productores de fonogramas no podr� ser inferior a 50 a�os, contados a partir del final del a�o civil en que se haya realizado la fijaci�n o haya tenido lugar la interpretaci�n o ejecuci�n. La duraci�n de la protecci�n concedida con arreglo al p�rrafo 3 no podr� ser inferior a 20 a�os contados a partir del final del a�o civil en que se haya realizado la emisi�n.
   
   
6. En relaci�n con los derechos conferidos por los p�rrafos 1, 2 y 3, todo Miembro podr� establecer condiciones, limitaciones, excepciones y reservas en la medida permitida por la Convenci�n de Roma. No obstante, las disposiciones del art�culo 18 del Convenio de Berna (1971) tambi�n se aplicar�n mutatis mutandis a los derechos que sobre los fonogramas corresponden a los artistas int�rpretes o ejecutantes y los productores de fonogramas.
   
   

1. Podr� constituir una marca de f�brica o de comercio cualquier signo o combinaci�n de signos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas. Tales signos podr�n registrarse como marcas de f�brica o de comercio, en particular las palabras, incluidos los nombres de persona, las letras, los n�meros, los elementos figurativos y las combinaciones de colores, as� como cualquier combinaci�n de estos signos. Cuando los signos no sean intr�nsecamente capaces de distinguir los bienes o servicios pertinentes, los Miembros podr�n supeditar la posibilidad de registro de los mismos al car�cter distintivo que hayan adquirido mediante su uso. Los Miembros podr�n exigir como condici�n para el registro que los signos sean perceptibles visualmente.
   
   
2. Lo dispuesto en el p�rrafo 1 no se entender� en el sentido de que impide a un Miembro denegar el registro de una marca de f�brica o de comercio por otros motivos, siempre que �stos no contravengan las disposiciones del Convenio de Par�s (1967).
   
   
3. Los Miembros podr�n supeditar al uso la posibilidad de registro. No obstante, el uso efectivo de una marca de f�brica o de comercio no ser� condici�n para la presentaci�n de una solicitud de registro. No se denegar� ninguna solicitud por el solo motivo de que el uso pretendido no ha tenido lugar antes de la expiraci�n de un per�odo de tres a�os contado a partir de la fecha de la solicitud.
   
   
4. La naturaleza del producto o servicio al que la marca de f�brica o de comercio ha de aplicarse no ser� en ning�n caso obst�culo para el registro de la marca.
   
   
5. Los Miembros publicar�n cada marca de f�brica o de comercio antes de su registro o sin demora despu�s de �l, y ofrecer�n una oportunidad razonable de pedir la anulaci�n del registro. Adem�s los Miembros podr�n ofrecer la oportunidad de oponerse al registro de una marca de f�brica o de comercio.
   
   

1. El titular de una marca de f�brica o de comercio registrada gozar� del derecho exclusivo de impedir que cualesquiera terceros, sin su consentimiento, utilicen en el curso de operaciones comerciales signos id�nticos o similares para bienes o servicios que sean id�nticos o similares a aquellos para los que se ha registrado la marca, cuando ese uso d� lugar a probabilidad de confusi�n. En el caso de que se use un signo id�ntico para bienes o servicios id�nticos, se presumir� que existe probabilidad de confusi�n. Los derechos antes mencionados se entender�n sin perjuicio de ninguno de los derechos existentes con anterioridad y no afectar�n a la posibilidad de los Miembros de reconocer derechos basados en el uso.
   
   
2. El art�culo 6bis del Convenio de Par�s (1967) se aplicar� mutatis mutandis a los servicios. Al determinar si una marca de f�brica o de comercio es notoriamente conocida, los Miembros tomar�n en cuenta la notoriedad de esta marca en el sector pertinente del p�blico inclusive la notoriedad obtenida en el Miembro de que se trate como consecuencia de la promoci�n de dicha marca.
   
   
3. El art�culo 6bis del Convenio de Par�s (1967) se aplicar� mutatis mutandis a bienes o servicios que no sean similares a aquellos para los cuales una marca de f�brica o de comercio ha sido registrada, a condici�n de que el uso de esa marca en relaci�n con esos bienes o servicios indique una conexi�n entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca registrada y a condici�n de que sea probable que ese uso lesione los intereses del titular de la marca registrada.
   
   

1. Si para mantener el registro se exige el uso, el registro s�lo podr� anularse despu�s de un per�odo ininterrumpido de tres a�os como m�nimo de falta de uso, a menos que el titular de la marca de f�brica o de comercio demuestre que hubo para ello razones v�lidas basadas en la existencia de obst�culos a dicho uso. Se reconocer�n como razones v�lidas de falta de uso las circunstancias que surjan independientemente de la voluntad del titular de la marca y que constituyan un obst�culo al uso de la misma, como las restricciones a la importaci�n u otros requisitos oficiales impuestos a los bienes o servicios protegidos por la marca.
   
   
2. Cuando est� controlada por el titular, se considerar� que la utilizaci�n de una marca de f�brica o de comercio por otra persona constituye uso de la marca a los efectos de mantener el registro.
   
   

1. A los efectos de lo dispuesto en el presente Acuerdo, indicaciones geogr�ficas son las que identifiquen un producto como originario del territorio de un Miembro o de una regi�n o localidad de ese territorio, cuando determinada calidad, reputaci�n, u otra caracter�stica del producto sea imputable fundamentalmente a su origen geogr�fico.
   
   
2. En relaci�n con las indicaciones geogr�ficas, los Miembros arbitrar�n los medios legales para que las partes interesadas puedan impedir:
   
   
   1. la utilizaci�n de cualquier medio que, en la designaci�n o presentaci�n del producto, indique o sugiera que el producto de que se trate proviene de una regi�n geogr�fica distinta del verdadero lugar de origen, de modo que induzca al p�blico a error en cuanto al origen geogr�fico del producto;
      
      
   2. cualquier otra utilizaci�n que constituya un acto de competencia desleal, en el sentido del art�culo 10bis del Convenio de Par�s (1967).
      
      
3. Todo Miembro, de oficio si su legislaci�n lo permite, o a petici�n de una parte interesada, denegar� o invalidar� el registro de una marca de f�brica o de comercio que contenga o consista en una indicaci�n geogr�fica respecto de productos no originarios del territorio indicado, si el uso de tal indicaci�n en la marca de f�brica o de comercio para esos productos en ese Miembro es de naturaleza tal que induzca al p�blico a error en cuanto al verdadero lugar de origen.
   
   
4. La protecci�n prevista en los p�rrafos 1, 2 y 3 ser� aplicable contra toda indicaci�n geogr�fica que, aunque literalmente verdadera en cuanto al territorio, regi�n o localidad de origen de los productos, d� al p�blico una idea falsa de que �stos se originan en otro territorio.
   
   

1. Cada Miembro establecer� los medios legales para que las partes interesadas puedan impedir la utilizaci�n de una indicaci�n geogr�fica que identifique vinos para productos de ese g�nero que no sean originarios del lugar designado por la indicaci�n geogr�fica de que se trate, o que identifique bebidas espirituosas para productos de ese g�nero que no sean originarios del lugar designado por la indicaci�n geogr�fica en cuesti�n, incluso cuando se indique el verdadero origen del producto o se utilice la indicaci�n geogr�fica traducida o acompa�ada de expresiones tales como "clase", "tipo", "estilo", "imitaci�n" u otras an�logas.⁴ 
   
   
2. De oficio, si la legislaci�n de un Miembro lo permite, o a petici�n de una parte interesada, el registro de toda marca de f�brica o de comercio para vinos que contenga o consista en una indicaci�n geogr�fica que identifique vinos, o para bebidas espirituosas que contenga o consista en una indicaci�n geogr�fica que identifique bebidas espirituosas, se denegar� o invalidar� para los vinos o las bebidas espirituosas que no tengan ese origen.
   
   
3. En el caso de indicaciones geogr�ficas hom�nimas para los vinos, la protecci�n se conceder� a cada indicaci�n con sujeci�n a lo dispuesto en el p�rrafo 4 del art�culo 22. Cada Miembro establecer� las condiciones pr�cticas en que se diferenciar�n entre s� las indicaciones hom�nimas de que se trate, teniendo en cuenta la necesidad de asegurarse de que los productores interesados reciban un trato equitativo y que los consumidores no sean inducidos a error.
   
   
4. Para facilitar la protecci�n de las indicaciones geogr�ficas para los vinos, en el Consejo de los ADPIC se entablar�n negociaciones sobre el establecimiento de un sistema multilateral de notificaci�n y registro de las indicaciones geogr�ficas de vinos que sean susceptibles de protecci�n en los Miembros participantes en ese sistema.
   
   

1. Los Miembros convienen en entablar negociaciones encaminadas a mejorar la protecci�n de las indicaciones geogr�ficas determinadas seg�n lo dispuesto en el art�culo 23. Ning�n Miembro se valdr� de las disposiciones de los p�rrafos 4 a 8 para negarse a celebrar negociaciones o a concertar acuerdos bilaterales o multilaterales. En el contexto de tales negociaciones, los Miembros se mostrar�n dispuestos a examinar la aplicabilidad continuada de esas disposiciones a las indicaciones geogr�ficas determinadas cuya utilizaci�n sea objeto de tales negociaciones.
   
   
2. El Consejo de los ADPIC mantendr� en examen la aplicaci�n de las disposiciones de la presente Secci�n; el primero de esos ex�menes se llevar� a cabo dentro de los dos a�os siguientes a la entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC. Toda cuesti�n que afecte al cumplimiento de las obligaciones establecidas en estas disposiciones podr� plantearse ante el Consejo que, a petici�n de cualquiera de los Miembros, celebrar� consultas con cualquiera otro Miembro o Miembros sobre las cuestiones para las cuales no haya sido posible encontrar una soluci�n satisfactoria mediante consultas bilaterales o plurilaterales entre los Miembros interesados. El Consejo adoptar� las medidas que se acuerden para facilitar el funcionamiento y favorecer los objetivos de la presente Secci�n.
   
   
3. Al aplicar esta Secci�n, ning�n Miembro reducir� la protecci�n de las indicaciones geogr�ficas que exist�a en �l inmediatamente antes de la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC. 
   
   
4. Ninguna de las disposiciones de esta Secci�n impondr� a un Miembro la obligaci�n de impedir el uso continuado y similar de una determinada indicaci�n geogr�fica de otro Miembro, que identifique vinos o bebidas espirituosas en relaci�n con bienes o servicios, por ninguno de sus nacionales o domiciliarios que hayan utilizado esa indicaci�n geogr�fica de manera continua para esos mismos bienes o servicios, u otros afines, en el territorio de ese Miembro a) durante 10 a�os como m�nimo antes de la fecha de 15 de abril de 1994, o b) de buena fe, antes de esa fecha.
   
   
5. Cuando una marca de f�brica o de comercio haya sido solicitada o registrada de buena fe, o cuando los derechos a una marca de f�brica o de comercio se hayan adquirido mediante su uso de buena fe:
   
   
   1. antes de la fecha de aplicaci�n de estas disposiciones en ese Miembro, seg�n lo establecido en la Parte VI; o 
      
      
   2. antes de que la indicaci�n geogr�fica estuviera protegida en su pa�s de origen;
      
      
   las medidas adoptadas para aplicar esta Secci�n no prejuzgar�n la posibilidad de registro ni la validez del registro de una marca de f�brica o de comercio, ni el derecho a hacer uso de dicha marca, por el motivo de que �sta es id�ntica o similar a una indicaci�n geogr�fica.
   
   
6. Nada de lo previsto en esta Secci�n obligar� a un Miembro a aplicar sus disposiciones en el caso de una indicaci�n geogr�fica de cualquier otro Miembro utilizada con respecto a bienes o servicios para los cuales la indicaci�n pertinente es id�ntica al t�rmino habitual en lenguaje corriente que es el nombre com�n de tales bienes o servicios en el territorio de ese Miembro. Nada de lo previsto en esta Secci�n obligar� a un Miembro a aplicar sus disposiciones en el caso de una indicaci�n geogr�fica de cualquier otro Miembro utilizada con respecto a productos vit�colas para los cuales la indicaci�n pertinente es id�ntica a la denominaci�n habitual de una variedad de uva existente en el territorio de ese Miembro en la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC.
   
   
7. Todo Miembro podr� establecer que cualquier solicitud formulada en el �mbito de la presente Secci�n en relaci�n con el uso o el registro de una marca de f�brica o de comercio ha de presentarse dentro de un plazo de cinco a�os contados a partir del momento en que el uso lesivo de la indicaci�n protegida haya adquirido notoriedad general en ese Miembro, o a partir de la fecha de registro de la marca de f�brica o de comercio en ese Miembro, siempre que la marca haya sido publicada para entonces, si tal fecha es anterior a aquella en que el uso lesivo adquiri� notoriedad general en dicho Miembro, con la salvedad de que la indicaci�n geogr�fica no se haya usado o registrado de mala fe.
   
   
8. Las disposiciones de esta Secci�n no prejuzgar�n en modo alguno el derecho de cualquier persona a usar, en el curso de operaciones comerciales, su nombre o el nombre de su antecesor en la actividad comercial, excepto cuando ese nombre se use de manera que induzca a error al p�blico.
   
   
9. El presente Acuerdo no impondr� obligaci�n ninguna de proteger las indicaciones geogr�ficas que no est�n protegidas o hayan dejado de estarlo en su pa�s de origen, o que hayan ca�do en desuso en ese pa�s.
   
   

1. Los Miembros establecer�n la protecci�n de los dibujos y modelos industriales creados independientemente que sean nuevos u originales. Los Miembros podr�n establecer que los dibujos y modelos no son nuevos u originales si no difieren en medida significativa de dibujos o modelos conocidos o de combinaciones de caracter�sticas de dibujos o modelos conocidos. Los Miembros podr�n establecer que esa protecci�n no se extender� a los dibujos y modelos dictados esencialmente por consideraciones t�cnicas o funcionales.
   
   
2. Cada Miembro se asegurar� de que las prescripciones que hayan de cumplirse para conseguir la protecci�n de los dibujos o modelos textiles -particularmente en lo que se refiere a costo, examen y publicaci�n- no dificulten injustificablemente las posibilidades de b�squeda y obtenci�n de esa protecci�n. Los Miembros tendr�n libertad para cumplir esta obligaci�n mediante la legislaci�n sobre dibujos o modelos industriales o mediante la legislaci�n sobre el derecho de autor.
   
   

1. El titular de un dibujo o modelo industrial protegido tendr� el derecho de impedir que terceros, sin su consentimiento, fabriquen, vendan o importen art�culos que ostenten o incorporen un dibujo o modelo que sea una copia, o fundamentalmente una copia, del dibujo o modelo protegido, cuando esos actos se realicen con fines comerciales.
   
   
2. Los Miembros podr�n prever excepciones limitadas de la protecci�n de los dibujos y modelos industriales, a condici�n de que tales excepciones no atenten de manera injustificable contra la explotaci�n normal de los dibujos y modelos industriales protegidos ni causen un perjuicio injustificado a los leg�timos intereses del titular del dibujo o modelo protegido, teniendo en cuenta los intereses leg�timos de terceros.
   
   
3. La duraci�n de la protecci�n otorgada equivaldr� a 10 a�os como m�nimo.
   
   

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los p�rrafos 2 y 3, las patentes podr�n obtenerse por todas las invenciones, sean de productos o de procedimientos, en todos los campos de la tecnolog�a, siempre que sean nuevas, entra�en una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicaci�n industrial.⁵ Sin perjuicio de lo dispuesto en el p�rrafo 4 del art�culo 65, en el p�rrafo 8 del art�culo 70 y en el p�rrafo 3 del presente art�culo, las patentes se podr�n obtener y los derechos de patente se podr�n gozar sin discriminaci�n por el lugar de la invenci�n, el campo de la tecnolog�a o el hecho de que los productos sean importados o producidos en el pa�s.
   
   
2. Los Miembros podr�n excluir de la patentabilidad las invenciones cuya explotaci�n comercial en su territorio deba impedirse necesariamente para proteger el orden p�blico o la moralidad, inclusive para proteger la salud o la vida de las personas o de los animales o para preservar los vegetales, o para evitar da�os graves al medio ambiente, siempre que esa exclusi�n no se haga meramente porque la explotaci�n est� prohibida por su legislaci�n.
   
   
3. Los Miembros podr�n excluir asimismo de la patentabilidad:
   
   
   1. los m�todos de diagn�stico, terap�uticos y quir�rgicos para el tratamiento de personas o animales;
      
      
   2. las plantas y los animales excepto los microorganismos, y los procedimientos esencialmente biol�gicos para la producci�n de plantas o animales, que no sean procedimientos no biol�gicos o microbiol�gicos. Sin embargo, los Miembros otorgar�n protecci�n a todas las obtenciones vegetales mediante patentes, mediante un sistema eficaz sui generis o mediante una combinaci�n de aqu�llas y �ste. Las disposiciones del presente apartado ser�n objeto de examen cuatro a�os despu�s de la entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC.
      
      

1. Una patente conferir� a su titular los siguientes derechos exclusivos:
   
   
   1. cuando la materia de la patente sea un producto, el de impedir que terceros, sin su consentimiento, realicen actos de: fabricaci�n, uso, oferta para la venta, venta o importaci�n⁶ para estos fines del producto objeto de la patente;
      
      
   2. cuando la materia de la patente sea un procedimiento, el de impedir que terceros, sin su consentimiento, realicen el acto de utilizaci�n del procedimiento y los actos de: uso, oferta para la venta, venta o importaci�n para estos fines de, por lo menos, el producto obtenido directamente por medio de dicho procedimiento.
      
      
2. Los titulares de patentes tendr�n asimismo el derecho de cederlas o transferirlas por sucesi�n y de concertar contratos de licencia.
   
   

1. Los Miembros exigir�n al solicitante de una patente que divulgue la invenci�n de manera suficientemente clara y completa para que las personas capacitadas en la t�cnica de que se trate puedan llevar a efecto la invenci�n, y podr�n exigir que el solicitante indique la mejor manera de llevar a efecto la invenci�n que conozca el inventor en la fecha de la presentaci�n de la solicitud o, si se reivindica la prioridad, en la fecha de prioridad reivindicada en la solicitud.
   
   
2. Los Miembros podr�n exigir al solicitante de una patente que facilite informaci�n relativa a sus solicitudes y las correspondientes concesiones de patentes en el extranjero.
   
   

1. la autorizaci�n de dichos usos ser� considerada en funci�n de sus circunstancias propias;
   
   
2. s�lo podr�n permitirse esos usos cuando, antes de hacerlos, el potencial usuario haya intentado obtener la autorizaci�n del titular de los derechos en t�rminos y condiciones comerciales razonables y esos intentos no hayan surtido efecto en un plazo prudencial. Los Miembros podr�n eximir de esta obligaci�n en caso de emergencia nacional o en otras circunstancias de extrema urgencia, o en los casos de uso p�blico no comercial. Sin embargo, en las situaciones de emergencia nacional o en otras circunstancias de extrema urgencia el titular de los derechos ser� notificado en cuanto sea razonablemente posible. En el caso de uso p�blico no comercial, cuando el gobierno o el contratista, sin hacer una b�squeda de patentes, sepa o tenga motivos demostrables para saber que una patente v�lida es o ser� utilizada por o para el gobierno, se informar� sin demora al titular de los derechos;
   
   
3. el alcance y duraci�n de esos usos se limitar�n a los fines para los que hayan sido autorizados y, si se trata de tecnolog�a de semiconductores, s�lo podr� hacerse de ella un uso p�blico no comercial o utilizarse para rectificar una pr�ctica declarada contraria a la competencia tras un procedimiento judicial o administrativo;
   
   
4. esos usos ser�n de car�cter no exclusivo;
   
   
5. no podr�n cederse esos usos, salvo con aquella parte de la empresa o de su activo intangible que disfrute de ellos;
   
   
6. se autorizar�n esos usos principalmente para abastecer el mercado interno del Miembro que autorice tales usos;
   
   
7. la autorizaci�n de dichos usos podr� retirarse a reserva de la protecci�n adecuada de los intereses leg�timos de las personas que han recibido autorizaci�n para esos usos, si las circunstancias que dieron origen a ella han desaparecido y no es probable que vuelvan a surgir. Las autoridades competentes estar�n facultadas para examinar, previa petici�n fundada, si dichas circunstancias siguen existiendo;
   
   
8. el titular de los derechos recibir� una remuneraci�n adecuada seg�n las circunstancias propias de cada caso, habida cuenta del valor econ�mico de la autorizaci�n;
   
   
9. la validez jur�dica de toda decisi�n relativa a la autorizaci�n de esos usos estar� sujeta a revisi�n judicial u otra revisi�n independiente por una autoridad superior diferente del mismo Miembro;
   
   
10. toda decisi�n relativa a la remuneraci�n prevista por esos usos estar� sujeta a revisi�n judicial u otra revisi�n independiente por una autoridad superior diferente del mismo Miembro;
    
    
11. los Miembros no estar�n obligados a aplicar las condiciones establecidas en los apartados b) y f) cuando se hayan permitido esos usos para poner remedio a pr�cticas que, a resultas de un proceso judicial o administrativo, se haya determinado que son anticompetitivas. La necesidad de corregir las pr�cticas anticompetitivas se podr� tener en cuenta al determinar el importe de la remuneraci�n en esos casos. Las autoridades competentes tendr�n facultades para denegar la revocaci�n de la autorizaci�n si resulta probable que las condiciones que dieron lugar a esa autorizaci�n se repitan;
    
    
12. cuando se hayan autorizado esos usos para permitir la explotaci�n de una patente ("segunda patente") que no pueda ser explotada sin infringir otra patente ("primera patente"), habr�n de observarse las siguientes condiciones adicionales:
    
    
    1. la invenci�n reivindicada en la segunda patente ha de suponer un avance t�cnico importante de una importancia econ�mica considerable con respecto a la invenci�n reivindicada en la primera patente;
       
       
    2. el titular de la primera patente tendr� derecho a una licencia cruzada en condiciones razonables para explotar la invenci�n reivindicada en la segunda patente; y
       
       
    3. no podr� cederse el uso autorizado de la primera patente sin la cesi�n de la segunda patente.
       
       

1. A efectos de los procedimientos civiles en materia de infracci�n de los derechos del titular a los que se refiere el p�rrafo 1 b) del art�culo 28, cuando el objeto de una patente sea un procedimiento para obtener un producto, las autoridades judiciales estar�n facultadas para ordenar que el demandado pruebe que el procedimiento para obtener un producto es diferente del procedimiento patentado. Por consiguiente, los Miembros establecer�n que, salvo prueba en contrario, todo producto id�ntico producido por cualquier parte sin el consentimiento del titular de la patente ha sido obtenido mediante el procedimiento patentado, por lo menos en una de las circunstancias siguientes:
   
   
   1. si el producto obtenido por el procedimiento patentado es nuevo;
      
      
   2. si existe una probabilidad sustancial de que el producto id�ntico haya sido fabricado mediante el procedimiento y el titular de la patente no puede establecer mediante esfuerzos razonables cu�l ha sido el procedimiento efectivamente utilizado.
      
      
2. Los Miembros tendr�n libertad para establecer que la carga de la prueba indicada en el p�rrafo 1 incumbir� al supuesto infractor s�lo si se cumple la condici�n enunciada en el apartado a) o s�lo si se cumple la condici�n enunciada en el apartado b).
   
   
3. En la presentaci�n de pruebas en contrario, se tendr�n en cuenta los intereses leg�timos de los demandados en cuanto a la protecci�n de sus secretos industriales y comerciales.
   
   

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